La dirigencia del peronismo capitalino oscila entre el entusiasmo y la cautela en relación a 2023. Todos mencionan que la imposibilidad de que el intendente Germán Alfaro (PJS) sea re reelecto -porque llegó al tope de mandatos habilitados- y las disputas por sucederlo en Juntos por el Cambio (JxC) pueden abrir la chance concreta de recuperar la Ciudad ¿Qué dificultades consideran que afrontan para volver a gobernar? Que un gran segmento de vecinos, sobre todo los que viven dentro de las cuatro avenidas, no adhiere al justicialismo. Que, por los antecedentes, una porción del justicialismo cree que es una batalla perdida de antemano y no juega plenamente en los comicios. La cantidad de “caciques” territoriales interesados en competir por ese cargo es mucha. No les convence la estrategia electoral que viene usando el Partido Justicialista (PJ): elegir un postulante con buena imagen y que esté por fuera del grupo de dirigentes de los acoples más fuertes.
Varios referentes impulsan la idea de que se celebre una interna partidaria sólo para definir el postulante al Ejecutivo Municipal. La primera en expresarse públicamente al respecto había sido la ministra de Gobierno, Carolina Vargas, cuyo nombre suele sonar en épocas electorales como posible postulante a la intendencia. Luego, se sumaron otras voces. Vale aclarar que gran parte del oficialismo coincide en que sería el mecanismo ideal, pero que hay que evaluar bien la pertinencia de llevarlo adelante, sobre todo, por el contexto político y social.
Quienes quieren que se considere la alternativa reconocen la falta de un liderazgo determinante que catapulte un nombre naturalmente hacia las boletas. Ante la multiplicidad de interesados, consideran, no hay mejor opción que una interna cerrada que ordene las apetencias. Afirman que, lógicamente, saldría una figura fortalecida y que debería garantizarse el compromiso de los vencidos de encolumnarse. Muchas de las cabezas de las colectoras más importantes expresan por lo bajo su hartazgo de que se impongan candidatos que, consideran, “no conocen ni caminan” el territorio. Sienten que resignan sus intenciones y que, como tampoco se habilitan acoples para intendente capitalino, tienen que terminar compitiendo finalmente por bancas en la Legislatura o en el Concejo Deliberante.
Quienes consideran que no es viable, apuntan varios inconvenientes. Además del costo económico y del desgaste en un año en el que habrá varios procesos electorales, aseguran que las internas dirimen liderazgos y que se justifican si hubiese dos o más figuras fuertes ¿De qué gasto se habla? Si bien es complejo de calcular por la inflación, políticos capitalinos arriesgan de que una interna podría implicar para una agrupación entre $50 o $100 millones.
También podría traer inconvenientes en el interior, donde los candidatos a intendente de las listas oficiales tienen que competir con varios acoples que encabezan sus opositores comarcanos. Si se habilitan en Capital ¿por qué no podrían reclamarlas los de otras ciudades?
Los capitalinos creen que es fundamental aprovechar la división en JxC y hacer un gran pacto de unidad. Más allá de que siempre se acata la decisión de los líderes porque el PJ es verticalista, afirman, es fundamental que efectivamente trabajen al 100% por el elegido. Admiten lo que todos saben: que no siempre sucede. “Los que quieren internas son los que creen que miden mucho y no siempre es así. Les falta una lectura más real de las posibilidades que tenemos y del clima social. La gente no está contenta y no quiere más elecciones de las que ya habrá”, lanzó un dirigente veterano del oficialismo. Los nombres que suenan son los mismos desde hace meses. Se habla de que estaría primera en las consideraciones la diputada Rossana Chahla. También se menciona al senador Pablo Yedlin y al presidente del Concejo, Fernando Juri. La ministra Vargas, el diputado Mario Leito y al funcionario nacional Gerónimo Vargas Aignasse suelen surgir también en las charlas. Se dice, además, que podrían estar entre los interesados el secretario de Saneamiento, Carlos “Alito” Assán y los legisladores Armando Cortalezzi, Daniel Deiana y Dante Loza.
Hay un punto en el que los más desconfiados hacen hincapié: si se abre la instancia para la intendencia ¿Por qué no para la gobernación? Si bien la mayoría considera que la fórmula será Jaldo-Manzur, cree que habilitar una interna abriría una rendija a las dudas y podría generar ruidos que gran parte del oficialismo no está dispuesto ni en condiciones a reeditar.
Entonces ¿hay chances de una interna? En los pasillos del poder, afirman que tanto Manzur como Jaldo saben de la inquietud entre los capitalinos. Hubo alguna que otra conversación, pero encumbradas fuentes del oficialismo aseguraron que se rechaza de plano la posibilidad. “No hay margen para más internas”, sentenció una autoridad del PJ. La elección del postulante, entonces, volvería a estar en manos de Manzur y Jaldo y las encuestas serán determinantes para la unción.
Las últimas internas por la intendencia capitalina datan de 2003. En esa oportunidad, Gerónimo Vargas Aignasse se había impuesto por sobre candidatos como Enrique Romero y Hugo Cabral. Luego, perdió la intendencia por un puñado de votos contra Antonio Bussi.
¿Tirón de orejas para el ombudsman?
La molestia en el oficialismo provincial con el Defensor del Pueblo, Eduardo “Lalo” Cobos, es un secreto a voces desde hace meses. Legisladores de todos los colores políticos saben del disgusto, que habría ido in crescendo desde sus primeros meses como ombudsman.
El informe del programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata, sobre la centena de nombramientos de militantes que habría efectuado en la repartición no sorprendió en absoluto en la Casa de Gobierno ni en la Legislatura. Los testimonios que recogió el periodista José Inesta dieron cuenta de que habría incluido en la nómina de empleados a quienes trabajarían para la eventual campaña de su hijo, Tomás Cobos, como postulante a legislador por Nueva Fuerza del Este.
La figura de Cobos, ex legislador del jaldismo por la sección Este, es emblemática de la interna del peronismo en 2021. En marzo de ese año, su elección fue la primera manifestación institucional de la puja Manzur-Jaldo y la votación en el recinto derivó en el quiebre del bloque mayoritario. Los parlamentarios afines al entonces vicegobernador habían dejado de lado al candidato de Manzur para renovar el cargo, Fernando Juri Debo.
Sus ex compañeros de bancada cuentan que la idea era que todo el espacio hiciera pie en esa oficina como un triunfo por sobre el manzurismo. Detallan que Cobos se habría comprometido a efectuar nombramientos que finalmente no hizo y, según afirman, tampoco habría brindado apoyo a quien lo sucedió en el puesto, la legisladora Maia Martínez. “Hizo una unidad básica propia y traicionó al espacio”, reniegan en los pasillos del Poder Legislativo. Inclusive, mencionan que hasta el gobernador habría tomado distancia y no lo recibiría desde hace tiempo.
Tras la emisión del programa, la Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) había instado a la Justicia a iniciar una investigación de oficio y la diputada nacional Paula Omodeo (CREO) había presentado un pedido de informes en la Defensoría. En los próximos días, sin embargo, habrá una repercusión más fuerte. El viernes ingresó en la Cámara un pedido de juicio político contra Cobos. La Comisión de Juicio Político ya está al tanto de la presentación, que lleva la firma del legislador opositor Ricardo Bussi (FR). Fuentes de la Cámara expresaron que es probable que avance algunas instancias. Dirigentes del oficialismo afirmaron que no creen que se llegue hasta las últimas consecuencias, es decir, a la destitución. El procedimiento es similar al que está estipulado por la normativa para los ministros y jueces de la Corte. Ahora comenzarán a correr los plazos para que inicie el análisis de los fundamentos de la presentación. Podría derivar en que se corra traslado y se notifique a Cobos o bien, se archive. La suerte del ombudsman está en manos de sus ex colegas.